«Ante la sucesión de nuevas oleadas de empobrecimiento, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse». Esta advertencia del papa León XIV, lanzada con motivo de la IX Jornada Mundial de los Pobres, no es solo una reflexión religiosa: es una llamada pública a no aceptar la pobreza como normalidad social.
Con esa misma inquietud ética y social Cáritas, a través de su fundación FOESSA, presentó el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Galicia 2025, que fue dado a conocer el pasado 28 de enero en Santiago de Compostela. Este informe territorial se deriva del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado a nivel nacional en noviembre de 2025, cuyas conclusiones han sido desde entonces debatidas con administraciones públicas, partidos políticos y distintos ámbitos académicos y sociales.
Los datos gallegos muestran una evolución ambivalente. Por una parte, la exclusión social ha disminuido: en 2024 afecta al 12,7% de la población, frente al 16,8% de 2018, situándose Galicia por debajo de la media estatal. Sin embargo, este progreso se acompaña de un crecimiento de la precariedad social que pone en riesgo la integración real de amplios sectores de la población.
Del informe se desprende que un 43,8% de la población gallega vive en condiciones precarias que los hacen vulnerables a cualquier choque económico o social. Esta situación evidencia que reducir la exclusión formal no es equivalente a garantizar una vida digna para todas las personas.
El informe confirma que la exclusión social no se explica únicamente por la falta de ingresos. Más de la mitad de la población presenta carencias en el eje político y de ciudadanía, con graves dificultades en el acceso a derechos básicos como la vivienda, la salud, la educación y la participación cívica. La vivienda emerge como una de las principales fuentes de vulnerabilidad: el 26% de la población sufre problemas relacionados con precios inaccesibles, condiciones inadecuadas o tenencia inestable.
Aunque el mercado laboral ha mostrado cierta recuperación, los salarios insuficientes y la inestabilidad contribuyen a consolidar una precariedad extendida. Las mejoras en la cobertura del Ingreso Mínimo Vital contrastan con las barreras persistentes en el acceso a la Renta de Inclusión Social de Galicia.
Este informe territorial envía un mensaje claro: no basta con contener la exclusión. Galicia no puede resignarse a convivir con amplias capas de población atrapadas en la precariedad. Como recuerda Cáritas, la pobreza no es inevitable ni fruto del azar, sino consecuencia de decisiones —o de su ausencia— que configuran nuestro modelo social.
Por eso, desde Cáritas hacemos un llamamiento a no normalizar la precariedad ni resignarnos a nuevas oleadas de empobrecimiento. Es urgente reforzar políticas públicas valientes que garanticen vivienda digna, empleo decente, protección social suficiente, acceso real a la salud y a la participación ciudadana, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Pero esta tarea no corresponde solo a las administraciones: interpela al conjunto de la sociedad, a sus instituciones, al mundo económico y a cada ciudadanía.
Frente a la indiferencia y el sálvese quien pueda, Cáritas propone una respuesta basada en la dignidad, la fraternidad y el compromiso colectivo. No se trata solo de atender las consecuencias de la exclusión, sino de afrontar sus causas estructurales. Porque una sociedad que deja atrás a una parte de su gente es una sociedad que se debilita a sí misma.