Artículo publicado no Atlántico Diario o 3 de maio de 2022
Argumentos irracionales
Monseñor Arguello, secretario y portavoz de la Confederación Episcopal española, compareció hace un par de días ante los representantes de los medios de comunicación para informar de las tomas de decisión adoptadas por los obispos al final de su último e importante plenario. Luis Javier Arguello –uno de los eclesiásticos con mayor prestigio y carrera más brillante de todo el clero nacional- sorprendió a los asistentes con una declaración tan sorprendente como trascendental. El prelado vallisoletano advirtió que la Iglesia rechazaba formar parte de la comisión creada por el Defensor del Pueblo aunque expresaba al tiempo el acuerdo de total colaboración con el departamento para ayudarle a llevar a cabo su tarea. Los obispos abrirían los archivos diocesanos a la tarea de los encuestadores y no pondrían traba alguna al desarrollo de la instrucción, añadiendo sin embargo que en los mencionados archivos pocas cosas de auténtico valor estaban depositadas. El portavoz advertía de que tales archivos estaban valorados en exceso y que escasa información de verdadero provecho para la causa iban a encontrar los investigadores.
Se trata de un juicio de valor muy en la línea de la diplomacia vaticana que puede ser susceptible de controversia pero que no sorprende. Sí sorprende sin embargo el motivo esgrimido por los obispos para desvincularse de la comisión. La Conferencia Episcopal se quejaba de que se investigaran solamente los abusos presuntamente cometidos por la Iglesia sin ampliar el campo de la pesquisa a otros aspectos de la sociedad española, un comportamiento que los prelados consideraban injusto. Es una razón que tiene poco de razonable porque precisamente es la aparición constante de casos de abusos cometidos por personal eclesiástico a lo largo de años lo que ha desencadenado el escándalo y ha teñido de ignominia la trayectoria de la Iglesia católica. Y es además el silencio cómplice de la autoridad eclesiástica y su completo desentendimiento del problema el factor que en mayor medida lo ha agravado. La Iglesia carga con esa monstruosa lacra sepultada en la opacidad absoluta durante siglos y tendrá que cargar con la culpa y lavarla. Del resto de los abusos ya se ocupan policías, jueces y fiscales como de otros tantos delitos. Que cada palo aguante su vela.
Manuel Orío.
Artículo publicado no Atlántico Diario o 4 de maio de 2022
Lo irracional del señor Orío
Cuánto lamento que solamente usted, y seguramente casi ninguno de los que somos sus asiduos lectores, tilde de irracional la argumentación de la Conferencia Episcopal para no entrar a formar parte de la Comisión que ahora con el defensor del Pueblo -no sé si lo sabe, tal y como les aconsejó la misma Conferencia-, se encargarán de investigar solo los abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. Pues claro que echarse fuera es lo más razonable: ¿o se apuntará usted como árbitro en los partidos o como jurado en los concursos de redacción a los que concurra su nieto? No parece razonable ni ético ser juez y parte; ni siquiera el quedarse por lo menos en un activo tocapelotas dentro de una Comisión en la que están juzgando algo tuyo. Lo mejor y plausible es dejar las manos libres y no presionar condicionando desde dentro las tareas. Sí, sin embargo y como usted recoge, óptimo el ofrecimiento del portavoz de la CEE, de “abrir los archivos a los investigadores y no poner trabas al desarrollo de las instrucciones”. Eso es lo racional. Lo sectario y falto de sensatez es lo que ha decidido el Gobierno y usted aplaude: investigar únicamente los abusos achacados a la Iglesia.
Déjeme informarle también de que ya hace tiempo -y si no pregunte en cada diócesis – los obispos se han tomado este asunto muy en serio, bien es verdad que a partir de la dura y vergonzosa experiencia del pasado. Por eso y para facilitar y acoger las denuncias se han creado oficinas de protección de menores y prevención de abusos en las distintas diócesis. Las víctimas son acogidas por expertos de distintos ámbitos (psicólogos, abogados, médicos, canonistas,…). En la oficina se les acoge, se les escucha, se les acompaña y se les proponen los cauces que pueden servir a su demanda concreta: la denuncia civil, el tratamiento médico o psicológico, el acompañamiento espiritual, etc. Lo que la víctima desee en función de su voluntad y de sus necesidades.
Nos avergonzamos del pasado -un solo caso sería ya muy lamentable-, pero no tilde de irracional -seguro que por falta de información- lo que ahora ya se está haciendo bien y poniendo las bases para remediar los posibles errores de futuro. Algunas instituciones están copiando nuestra “Guia de Buenas prácticas para la protección de menores” establecidas en esta y otras diócesis para catequesis, campamentos…
Sí que estoy de acuerdo con usted en que cada palo aguante su vela, pero no se me aparque usted en un anticlericalismo rancio y decimonónico, culpando como el Gobierno, solo a las deficiencias de la Iglesia. La Conferencia Episcopal, como muchos ciudadanos y escasos periodistas no sometidos, insisten en que las investigaciones no debieran limitarse al ámbito eclesiástico, apoyándose en estudios independientes (de la Fundación ANAR o en el más reciente de Save the Children dedicados a la pederastia en España) que señalan que es este un problema grave que afecta a toda la sociedad -la Iglesia está en toda esa marea humana- y se da en todos sus ámbitos. Por tanto, una investigación sobre la pederastia solo en la Iglesia pondría el acento más en la Iglesia que en la pederastia y defendería sólo a una parte de las víctimas, a una parte de la ciudadanía, y se olvidaría de otras muchas más víctimas que también han sufrido la misma injusticia. Se crea así una discriminación entre las víctimas: víctimas de primera (las causadas por eclesiásticos, estadísticamente el 0,2%) y víctimas de segunda (todas las demás víctimas, particularmente las más numerosas dentro de la familia, o en los centros de estudio, los colegios y gimnasios…) y que Save the Children proclama que siendo la inmensa mayoría, sin embargo no son denunciadas a policía y fiscales, como usted frívolamente supone. El bien social, es decir, lo razonable, sería una Comisión de investigación bajo cuyo paraguas se buscase protección para las víctimas de todos los abusadores.
Lamento de nuevo su apresurado anticlericalismo, seguramente por las prisas de la frívola desinformación, pero en este caso, por esa sin razón y por no saberse bien la lección, no tengo más remedio que suspenderle. Pero no se preocupe, que ahora “con suspensos se sigue adelante” y “meterse con la Iglesia de cualquier manera siempre sale gratis”… Pero no parece honesto.
