28 de febrero de 2024

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Santos Mártires de Alejandría
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La diócesis de Tui-Vigo apuesta por la cultura del Compliance

La diócesis de Tui-Vigo apuesta por la cultura del Compliance
Foto: Representantes del bufete Gándara Moure han impartido una formación sobre el Compliance diocesano, al clero y al personal contratado de la Curia

La diócesis de Tui-Vigo se encuentra inmersa en el proceso de implementación de un sistema de Compliance —manual de cumplimiento normativo y buenas prácticas adaptado a la naturaleza e identidad de la Iglesia diocesana—, que ha desarrollado gracias al bufete vigués Gándara Moure, especializado en Compliance Penal. Con tal motivo, el martes 23 de enero, en el Seminario Mayor «San José» de Vigo, Agustín Gándara y María Dolores Rodríguez, miembros de Gándara Moure, han dado a conocer al clero y a las personas contratadas en las oficinas de la Curia las principales funciones del Compliance, así como el código de conducta que se establece para los miembros de la institución.

A lo largo de la próxima semana, continuará el proceso formativo en materia de Compliance entre los agentes de pastoral que colaboran en parroquias y delegaciones de la diócesis de Tui-Vigo —catequistas, responsables de proyectos de evangelización, miembros de los consejos de economía parroquial, etc.—. En concreto, están convocados a asistir o bien el viernes 2 de febrero, a las 20 horas, o bien el sábado 3, a las 11 horas; ambos días, en el Seminario Mayor.

Sobre el compliance

Con una amplia tradición en el mundo empresarial anglosajón, el compliance —en español, cumplimiento normativo— son las medidas que adopta una institución o empresa para garantizar el cumplimiento de la normativa que afecta a su actividad, impidiendo así que incurra en delitos, sanciones o situaciones que puedan afectar a su negocio.

En España, el concepto entra en vigor a partir del año 2010, con la reforma del Código Penal que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas; en 2015, una nueva revisión del Código Penal introduce una modificación que obliga a las empresas a contar con planes de prevención de riesgos penales, así como un órgano responsable de su verificación.

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